Madrid despertó el 2 de julio de 1888 con olor a humo, petróleo y carne quemada. No era una metáfora. Salía del segundo piso izquierda del número 109 de la calle Fuencarral, una vía viva y muy madrileña, donde la ciudad empezaba a parecer moderna sin haber dejado del todo de ser brutal.
Los vecinos dieron la alarma. El juez Felipe Peña entró en la vivienda acompañado del portero y dos guardias. Dentro encontró el cuerpo de doña Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, tendida boca arriba a los pies de su cama, descalza, cubierta de trapos empapados en petróleo a los que alguien había prendido fuego. El fuego no había borrado nada. Solo lo había ennegrecido: bajo la tela quemada todavía se distinguían tres puñaladas, una de ellas en el corazón.
En la habitación contigua, narcotizada igual que el perro bulldog que dormía a su lado, estaba la criada de la casa: Higinia Balaguer Ostalé. Llevaba seis días trabajando allí.
El escenario parecía escrito por alguien con mal gusto y buena mano para el suspense. Por desgracia, no era literatura.
Ficha del expediente
Luciana Borcino era natural de Vigo y vivía en Madrid desde hacía años. Tenía fama de mujer acomodada —se le calculaba una renta de cinco mil duros anuales— y también fama de carácter agrio: las criadas le duraban poco. La que tenía aquella noche, Higinia, llevaba en la casa menos de una semana.
Pero la verdadera sombra de la familia no era la criada nueva. Era el hijo.
José Vázquez Varela, conocido en los ambientes madrileños como el Pollo Varela, tenía veintitrés años y un historial que cualquier guionista envidiaría. Llevaba ocho años viviendo con un hombre apodado el cojo Mayoral, dueño de una taberna frente a la cárcel Modelo, y mantenía relación con una mujer conocida como Lola la Billetera. Tenía antecedentes por robar una capa en un café madrileño, por apuñalar a una amante sin llegar a matarla, y —esto es lo que de verdad incomoda— por amenazar a su propia madre con quemarla viva si no le daba dinero, llegando en una ocasión a apuñalarla en una nalga.
La noche del crimen, Varela tenía coartada de hierro: estaba cumpliendo condena en la cárcel Modelo por el robo de la capa.
El problema es que en Madrid, en 1888, todo el mundo sabía que de la Modelo se entraba y se salía con más facilidad de la que el reglamento permitía.
Higinia Balaguer no ofreció una sola historia. Ofreció seis, espaciadas a lo largo de la instrucción, cada una desmintiendo a la anterior.
Primero dijo no recordar nada: se había acostado y despertó así. Luego dijo que un desconocido había visitado a su señora la noche anterior. Más tarde acusó directamente a José Vázquez Varela de haber salido de la cárcel con la connivencia del propio director del penal para matar a su madre. En otra versión implicó al director de la Modelo, José Millán Astray —padre del fundador de la Legión— como encubridor. Y finalmente, en la sesión que selló su suerte, confesó haber actuado ella misma, sola o acompañada, y haber huido con más de noventa y dos mil reales y joyas de la víctima, que entregó a su amiga Dolores Ávila. El dinero jamás se encontró.
Madrid se dividió en dos bandos con nombre propio: los higinistas, que veían en la criada a una víctima del rencor social burgués, y los varelistas, convencidos de que el verdadero asesino dormía cómodamente bajo coartada penitenciaria mientras una mujer pobre cargaba con la culpa.
En los cafés de tertulia —el Gijón, el de las Salesas— Madrid entero discutía el caso como si fuera fútbol con sangre de por medio. Para unos, Higinia representaba el desamparo del proletariado. Para otros, Varela era el retrato exacto del "señorito golfo" que la burguesía prefería no mirar de frente.
El proceso arrancó el 26 de marzo de 1889 en el Palacio de las Salesas, ocho meses después del crimen. La expectación fue tal que la gente empezó a hacer cola la noche anterior para conseguir sitio en la sala.
Treinta y seis sesiones. Ciento sesenta y cinco testigos. Y al frente de la defensa, nada menos que Nicolás Salmerón, expresidente de la Primera República española —una figura de semejante peso convertida en abogado de una criada acusada de matar a su señora da una idea exacta de cuánto había escalado el caso.
La sentencia, dictada el 25 de mayo de 1889, fue clara en su relato de los hechos: la mañana del crimen, Luciana Borcino salió a misa. Higinia aprovechó su ausencia para narcotizar al perro. Cuando el ama regresó, la criada —"sola o con la ayuda de alguna otra persona", matiza literalmente el fallo— se abalanzó sobre ella y le asestó tres puñaladas. Después montó la escena del incendio para disimular el crimen como robo con fuego accidental.
Higinia fue condenada a muerte por el delito complejo de robo y homicidio. Dolores Ávila, dieciocho años de prisión como cómplice. José Vázquez Varela, José Millán Astray y María Ávila, absueltos.
El affaire tuvo además una consecuencia política real: aunque absuelto judicialmente, Millán Astray perdió su puesto como director de la Modelo, y su protector, el político Eugenio Montero Ríos, se vio obligado a dimitir por la sombra que el caso proyectó sobre su nombre.
Entre quienes siguieron el proceso de cerca había un cronista atento que no era periodista de oficio: Benito Pérez Galdós, que cubrió el caso para el diario argentino La Prensa. Asistió a las sesiones, dibujó mentalmente a Higinia con la precisión de un novelista —la describió como mujer de rasgos duros pero no carente de "cierto atractivo salvaje"— y, aunque no dudaba de su culpabilidad, dejó constancia de algo que todavía resuena: su sospecha de que "toda la verdad" no había salido a la luz en el juicio.
Galdós tomaría más tarde referencias de este caso para sus novelas Realidad y La incógnita. Y no fue el único nombre ilustre interesado en el desenlace: entre los asistentes a la ejecución estarían Emilia Pardo Bazán y Pío Baroja.
El 19 de julio de 1890, Higinia Balaguer fue ejecutada mediante garrote vil en un patíbulo levantado sobre los muros de la cárcel Modelo. Cerca de veinte mil personas se congregaron para asistir desde el otro lado del muro. Fue la última ejecución pública celebrada en Madrid.
Segundos antes de morir, gritó una frase que nadie ha logrado descifrar jamás: «¡Dolores! ¡Catorce mil duros!»
Nadie sabe a qué se refería. Ni si era una acusación, una confesión a medias o el delirio final de una mujer que llevaba dos años cambiando de versión. El cuerpo permaneció expuesto varias horas en el lugar de la ejecución, con fines de lo que entonces se llamaba "ejemplaridad social". Hoy lo llamaríamos, simplemente, espectáculo del castigo.
José Vázquez Varela salió absuelto y, durante años, pareció haber dejado atrás aquella sombra. Pero la justicia, que a veces tarda más de lo que parece justo, volvió a buscarlo.
Tiempo después se vio implicado en la extraña muerte de una prostituta que cayó al vacío desde un piso de la calle Montera. Esta vez no hubo absolución: pasó catorce años en el penal de Ceuta. Cuando salió, aparentemente reformado, montó un estudio de fotografía que llegó a tener éxito en Madrid. Para evitar que alguien lo relacionara con su pasado, firmaba sus trabajos simplemente como "Vázquez".
El hombre que la opinión popular señaló como el verdadero asesino de su madre terminó retratando bodas y bautizos bajo un apellido a medias.
La pregunta sigue abierta porque el caso Fuencarral no ofrece una calma limpia. Higinia fue condenada, sí. Pero el proceso dejó demasiadas sombras: un hijo con coartada conveniente y un historial de violencia hacia su propia madre, un director de cárcel con potestad para conceder permisos irregulares, una acción popular impulsada por la prensa que desconfiaba abiertamente de los tribunales, y una sentencia que algunos historiadores leen, todavía hoy, como el desquite de una burguesía resentida contra una sirvienta antes que como la búsqueda sincera de la verdad completa.
Puede haber una culpable. Y, aun así, no haber una verdad completa. Esa es la gran lección incómoda de Fuencarral.
El caso Fuencarral fue, ante todo, la primera gran demostración española de que el crimen real podía venderse como entretenimiento de masas. Periódicos como El Liberal, El Imparcial, La Iberia, El País o La Correspondencia de España dedicaron portadas y portadas al caso, viendo crecer sus ventas mes tras mes mientras el misterio seguía sin resolverse del todo.
La prensa no se limitó a contar. Quiso intervenir, presionar, señalar culpables antes de la sentencia. Hoy eso nos resulta familiar —vivimos rodeados de tertulias, juicios paralelos y opinión instantánea— pero en 1888 aquello era una fuerza completamente nueva. Los periódicos descubrieron que cuanto más turbio parecía un caso, más ejemplares vendían. Una lección que el oficio jamás ha olvidado.
El crimen de la calle Fuencarral parece antiguo, pero no lo es tanto. Tiene todos los elementos que seguimos reconociendo en los grandes casos mediáticos contemporáneos: una víctima con perfil reconocible, una sospechosa vulnerable convertida en blanco fácil, un sospechoso con privilegios que escapa al peso completo de la sospecha popular, filtraciones, presión periodística constante y una pregunta final que nadie ha conseguido enterrar del todo, ni siquiera ciento treinta años después.
No hemos cambiado tanto. Solo hemos cambiado el papel por pantallas, la tertulia de café por las redes sociales y el voceador de periódicos por las notificaciones del móvil. El impulso de fondo sigue siendo idéntico: mirar el horror, opinar con rapidez, y llamar justicia a lo que muchas veces es, simplemente, hambre de relato.
Fuencarral no fue el crimen más sangriento de su siglo. Pero sí uno de los más reveladores. Porque en aquel piso de Madrid no ardió solo un cuerpo.
Ardió la confianza en que la justicia, la prensa y la opinión pública supieran distinguir siempre entre esclarecer un crimen y alimentarse de él.